El nuevo esquema fija un tope definitivo del 33% para los descuentos por obligaciones financieras, con una aplicación gradual que comenzará en enero de 2027.

La decisión responde a la preocupación del Gobierno Provincial por el creciente impacto de los préstamos y otros compromisos financieros sobre los sueldos de los empleados públicos, que en muchos casos terminan comprometiendo una parte importante de sus ingresos mensuales.

“Este decreto nos permite ordenar un sistema que estaba generando muchos problemas y afectaciones en los agentes públicos de nuestra provincia”, explicó Weretilneck, al destacar la necesidad de establecer reglas claras que “protejan el salario y eviten situaciones de sobreendeudamiento”.

Un límite progresivo para proteger los ingresos

El decreto establece que los descuentos voluntarios por préstamos y otras obligaciones financieras no podrán superar, en conjunto, el 33% del haber neto, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

Para evitar que la aplicación inmediata de esta medida genere dificultades a quienes ya tienen compromisos financieros asumidos, se dispuso un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2026, durante el cual se mantendrá el esquema vigente.

A partir de los haberes de enero de 2027 comenzará a regir un límite transitorio máximo del 50%. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos y plazos de reducción gradual hasta alcanzar el tope definitivo del 33%.

Este esquema permitirá que los trabajadores puedan reorganizar sus deudas sin caer automáticamente en incumplimientos, mientras se establecen condiciones que garanticen una mayor protección de sus ingresos.

Refinanciación de deudas y acompañamiento a los trabajadores

Otro de los puntos centrales del decreto es la posibilidad de que el Gobierno Provincial celebre convenios con bancos, financieras, mutuales y otras entidades que operan mediante códigos de descuento, para facilitar la refinanciación de las deudas de los trabajadores en condiciones favorables.

En este sentido, Weretilneck anunció que también se buscará establecer topes a las tasas de interés de los futuros créditos, para evitar que los trabajadores vuelvan a quedar comprometidos por obligaciones financieras excesivas.

Como tercer eje de esta política, el Gobernador anticipó la puesta en marcha de un nuevo sistema de autorización para este tipo de créditos, que permitirá incorporar controles preventivos sobre las operaciones y los descuentos aplicados a los salarios. “Para que no nos vuelva a pasar que el sistema perjudique y afecte los salarios de los trabajadores públicos”, explicó.

Además, se instruye al Ministerio de Hacienda a implementar programas de educación financiera y un servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento destinado a los agentes públicos que atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.

La medida alcanza a todos los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, independientemente de su régimen laboral. Quedan excluidos del nuevo límite los aportes jubilatorios, las cuotas sindicales, las contribuciones a obras sociales, los seguros y las retenciones judiciales, que continuarán sujetos a sus propias normas.

Con esta decisión, el Gobierno de Río Negro recupera una herramienta de protección salarial que había sido suspendida en 2020 y establece nuevas reglas para evitar que los compromisos financieros afecten excesivamente los ingresos de los trabajadores.

"Con esta medida, estamos cuidando y defendiendo los ingresos de los agentes públicos de nuestra provincia. Río Negro tiene rumbo, Río Negro tiene futuro", concluyó Weretilneck.