La decisión permite instrumentar la transferencia de un inmueble del IPPV a los Ministerios de Salud y de Educación y Derechos Humanos, con un destino específico para ambas obras.

La medida responde al proceso de crecimiento que atraviesa Sierra Grande y a la necesidad de preparar sus servicios públicos para la nueva etapa productiva que vive la Región Atlántica. Más actividad, nuevas inversiones y más empleo también implican mayor demanda sobre el sistema sanitario y educativo.

La ley fija un plazo de 36 meses para concretar los destinos establecidos. Con la reglamentación, la Provincia completa un paso administrativo necesario para proyectar infraestructura pública acorde al crecimiento que se espera para los próximos años.

El Gobierno de Río Negro trabaja para que el desarrollo productivo llegue acompañado de servicios, infraestructura y mejores condiciones de vida para quienes eligen vivir y trabajar en la región.