El proyecto de ley se fundamenta en varios motivos clave. En primer lugar, busca avanzar en la digitalización y modernización de la administración pública, eliminando el uso del papel y centralizando todos los trámites en una ventanilla digital única. Esto responde a la necesidad de adaptar el Boletín Oficial a las tecnologías actuales, haciendo más eficientes los procesos administrativos.

Además, se pretende desburocratizar y simplificar el acceso a este servicio, eliminando la presentación de documentos físicos y optimizando el funcionamiento interno del organismo. Esto no solo reducirá los tiempos y trámites para ciudadanos y empresas, sino que también permitirá una gestión más ágil y menos costosa.

Un punto destacado del proyecto es la eliminación de las tasas que actualmente deben abonar los usuarios del Boletín Oficial. Esta medida no solo representa un alivio económico, sino que también democratiza el acceso a la publicidad de actos legales, haciendo que el servicio sea accesible para todos sin barreras financieras.

Por otro lado, la reducción de gastos operativos es otro beneficio previsto, ya que el organismo se verá liberado de los costos asociados con la gestión de estas tasas, lo que permitirá compensar la pérdida de ingresos sin afectar su normal funcionamiento.

Finalmente, la iniciativa busca mejorar la transparencia y la seguridad jurídica, asegurando que todos los actos que deben ser publicados en el Boletín Oficial lo sean de manera accesible y verificable a través de la ventanilla digital centralizada, que garantizará la autenticidad de los documentos mediante firmas digitales.

Weretilneck subrayó la importancia de esta reforma como parte de un proceso más amplio de modernización y desburocratización en la administración pública provincial, alineado con los objetivos de un gobierno más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de los ministros del gabinete provincial, será tratado próximamente en la Legislatura. De ser aprobado, la ley entrará en vigor el primer día hábil del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.